El Gobierno de Lorca emprende la defensa jurídica frente a los promotores de un convenio urbanístico que exigen 1,2 millones de euros al Ayuntamiento.

Los servicios técnicos municipales entienden que la reclamación administrativa está prescrita, por lo que no procede la devolución del importe que demandaban los promotores, ya que el convenio está vencido.

María Hernández, edil de Urbanismo: «desde el Gobierno de Lorca vamos a defender los intereses de nuestro Ayuntamiento y de los lorquinos hasta el último extremo, vamos a dar la batalla en vía administrativa y judicial para evitar otro golpe económico a los lorquinos».

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández Benítez, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Lorca llevará al Pleno Municipal del mes de julio una moción para emprender la defensa jurídica de los intereses de todos los lorquinos frente a las pretensiones de los firmantes de un convenio urbanístico que exigen el pago de 1,2 millones de euros, que buena faltan nos hacen para seguir bajando impuestos, contratar más agentes de Policía Local o invertir en nuestras pedanías. «Se trata de una denuncia en vía administrativa contra el Ayuntamiento de Lorca por parte de los promotores de un convenio que tenían previsto llevar a cabo un desarrollo en terrenos ubicados en la pedanía de La Hoya», ha indicado.

La edil de Urbanismo ha informado que los servicios técnicos municipales han estudiado dicha reclamación y concluyen que «la reclamación está prescrita, por lo que no procede la devolución estimada de 1,2 millones de euros que exigían los promotores ya que el convenio está vencido», y ha explicado que «entendemos que el convenio está caducado y se le dará un plazo de diez días a los interesados para que puedan realizar sus alegaciones. Una vez finalizado ese período, se volverá a llevar al Pleno un nuevo acuerdo para resolver de manera definitiva la situación derivada de este convenio».

En concreto, Hernández Benítez ha recordado que se trata de un convenio de planeamiento, diferente a los conocidos como ‘convenios trampa’ que se pretendían ejecutar en terrenos calificados como Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU), «que fue aprobado en solitario por el Gobierno del PSOE en el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2005, y firmado apenas dos días más tarde entre los promotores y los políticos socialistas del momento». Los promotores, pertenecientes a la mercantil Residencial Sierra de Tercia, entienden incumplido el convenio y reclaman que se les devuelva la cantidad abonada años atrás, 715.202 euros, además de los intereses generados, que, de acuerdo con los cálculos efectuados, se sitúan en 492.660 euros, lo que supone un total de 1.207.862 euros.

Y ha añadido que a mercantil Residencial Sierra de Tercia, desde mayo de 2009 en que le son comunicadas las deficiencias observadas por el Servicio de Planeamiento y Gestión, no ha realizado acción alguna referente a su subsanación, resolución o liquidación de dicho convenio, siendo obligación del titular del derecho su ejercicio en los plazos legalmente fijados para evitar su extinción y no es hasta el 2 de julio de 2021 cuando solicita la reclamación y devolución de las cantidades entregadas, fecha en que como bien se argumenta en un informe emitido por los servicios técnicos del Ayuntamiento en el que se considera que se ha producido la prescripción de la acción.

«Esta reclamación confirma que la deriva de los convenios urbanísticos ni mucho menos está finalizada, como intentaba hacer creer el PSOE en noviembre de 2022, sino que las peticiones de los promotores continúan y se suman a los más de 15 millones de euros en pérdidas de los convenios en terreno SIDU y los 750.000euros que también se tienen que devolver por otro convenio urbanístico de planeamiento en la pedanía de Aguaderas», ha manifestado la concejal.

María Hernández ha puesto de relevancia que «19 años después los lorquinos seguimos sufriendo las consecuencias de los excesos urbanísticos, y lo peor es que la situación no señala una fecha definida para que esto se detenga y pare la hemorragia de pérdidas económicas que tienen que pagar todos los ciudadanos con el dinero de sus impuestos», y ha enfatizado en que «desde el Gobierno de Lorca, con el respaldo de nuestros servicios jurídicos y urbanísticos, vamos a defender los intereses de nuestro Ayuntamiento y de los lorquinos hasta el último extremo, que nadie tenga duda de que vamos a dar la batalla en vía administrativa y judicial».

La edil de Urbanismo ha concluido resaltando que «resulta indignante y bochornoso comprobar el nivel de oscurantismo y la ley del silencio que trataron de imponer los concejales del Partido Socialista para hacer creer que ‘aquí no pasaba nada’, que todo iba bien y estaba bajo control. La realidad es que el 1 de julio de 2021 los promotores de este convenio ya exigieron su resolución y la devolución del dinero a través de un escrito que fue deliberadamente ocultado a los grupos políticos municipales y de cuya existencia nos hemos tenido que enterar casi tres años después».