PÉREZ CASAS Y SU HIMNO NACIONAL por Antonio de Cayetano.

Hoy se cumplen dos semanas de la actuación de Marta Sánchez en el teatro de la Zarzuela de Madrid. Una actuación que ha dado que hablar en nuestro país, pues una vez más, se le ha buscado letra a La Marcha Real, a la Marcha Granadera, la marcha militar que se ocupó de arreglar como himno nuestro paisano Bartolomé Pérez Casas. Esta vez ha sido la cantante Marta Sánchez la que le ha puesto letra, letra que como suele suceder, tiene sus defensores y detractores, ya que no siempre suenan los himnos al gusto de todos en nuestra nación. Ya pasó con la letra que escribió Joaquín Sabina en 2007, o con el concurso que convocó en aquel año el Comité Olímpico Español, que tras elegir entre más de 7.000 propuestas la de Paulino Cubero, un parado de Ciudad Real, no hubo consenso y la cosa se dejó pasar, no considerándose una cuestión importante lo de ponerle letra a nuestro himno.

Algo similar a lo que sucedió en 1870 con la melodía musical, que tras convocarse por el General Prim un concurso para la creación oficial del Himno Nacional, este fue declarado desierto, al no convencer lo suficiente ninguno de los 400 trabajos presentados, aconsejando los miembros del jurado, seguir interpretando la Marcha Granadera. Una marcha de la que se desconoce su autor, aunque hay quien se la atribuye a Manuel Espinosa de los Monteros, por pertenecer a este compositor la partitura más antigua que se conserva, siendo de 1761 y recogiéndose en el Libro de Ordenanza de los Toques Militares de la Infantería Española, contemplándose como la marcha militar del ejército español. Una marcha que el 3 de septiembre de 1770 fue declarada como “Marcha de Honor” por Carlos III. Pero como esta se interpretaba en los actos a los que asistía cualquier miembro de la Casa Real, el pueblo comenzó a llamarle “Marcha Real”, conociéndose posteriormente por esta denominación.

Una marcha que muy pronto se hizo popular entre los españoles de la época, la cual fue erigida por el pueblo como himno nacional, siendo declarado más tarde por Isabel II como el himno oficial de España. Himno al que ya en 1843 se le quiso poner letra, componiendo unos versos el escritor de origen argentino Ventura de la Vega, cosa que también hiciera en 1927 el poeta catalán Eduardo Marquina o en 1928 el escritor gaditano José María Pemán por encargo de Primo de Rivera. Siendo quizá esta letra la más conocida de todas, ya que la dictadura franquista la hizo suya, aunque suprimiendo algunas palabras e introduciendo otras nuevas como brazos, yugos y flechas, pero sin darle ninguna oficialidad. Tampoco con la llegada de la democracia, se le buscó letra a nuestro himno, siendo España junto a San Marino, Bosnia-Herzegovina y Kosovo, los únicos países que carecemos de ella. Algo que para unos es inaceptable y para otros le resulta indiferente, no mostrando una actitud positiva o negativa sobre el tema. Pero lo que sí que llama la atención en nuestro país, es que se pague cada vez que suena el himno nacional fuera de un cuartel o de una iglesia, cuando se supone que este viejo himno, uno de los más antiguos de Europa, es patrimonio de todos los españoles.

Pero no, aquella Marcha Granadera que se remonta al siglo XVIII, la Marcha Real que en1908 mandó armonizar Alfonso XIII, recibiendo el encargo nuestro paisano Bartolomé Pérez Casas, que en aquel tiempo era el director de la Banda del Real Cuerpo de Alabarderos de Madrid, tiene por este trabajo dueño y señor. Aunque una propiedad privada con fecha de caducidad, ya que esta pasará a ser de dominio público el 15 de enero de 2036, fecha en que se cumplirán 80 años de la muerte de nuestro ilustre lorquino, el compositor que tras hacer el arreglo y registrar la obra años después, se convirtió en el propietario de todos sus derechos. Derechos de autor o arreglista, que para los fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 no desaparecen hasta pasados 80 años de su defunción, un tiempo que en la actualidad se ha reducido en diez años menos. Unos derechos que vienen de cuando Pérez Casas hizo el arreglo de aquellas viejas partituras que cada cual interpretaba a su manera, siendo por ello el encargo que recibió del monarca en 1908. Pero no fue hasta el 20 de enero de 1932 cuando las registró a su nombre, inscribiéndose en el Registro General de la Propiedad Intelectual con el nº 65.282.

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Parece que el motivo de aquella actuación, no fue otro que el haber adoptado el gobierno de la II República el Himno de Riego como himno oficial. Un himno que data del Trienio Liberal (1820-1823) y que cantaba la unidad que mandaba el teniente coronel Rafael del Riego, tras la insurrección de este contra el rey Fernando VII. Un himno que nació siendo letra y al que luego se le añadió la música, siendo el autor de la letra Evaristo Fernández de San Miguel y desconociéndose el autor de su música. Una melodía que fue nombrada himno oficial de la monarquía constitucional española el 7 de abril de 1822, según el decreto firmado por el rey Fernando VII, siendo también adoptado por la Primera República (1873-1874) y por la Segunda República (1931-1939). Aunque durante la guerra civil y en la zona sublevada, tras un decreto de Franco en 1937, volvió de nuevo como himno la Marcha Real, dándole luego oficialidad el nuevo gobierno a través de una Orden del Ministerio de Presidencia de 17 de julio de 1942 y siendo a partir de esta fecha, cuando Pérez Casas comenzó a cobrar sus derechos de “autor”. Derechos que tras su muerte y la de su esposa, acaecida poco tiempo después, siguieron cobrando sus herederos.

El matrimonio no tuvo hijos, pero Bartolomé no dejó en herencia los derechos de autor a sus familiares de Lorca como cabria esperar, como tampoco lo hizo con los de su esposa, Angelita Ros Castelo que era de Cartagena. Nuestro paisano quiso que sus beneficiarios fueran María Benito Silva, la doncella que desde los once años estuvo sirviendo en la casa del matrimonio en Madrid y José Andrés Gómez, uno de sus mejores amigos y ex alumno. Dejándole a cada uno de ellos, el 50% de los jugosos beneficios que genera la Marcha Real. Pero unos beneficios que no fueron equitativos para ambos herederos, pues a María solo se le dejaba disfrutar de la herencia hasta su muerte, pasando su parte una vez fallecida al otro heredero, a José o a los sucesores de este, que la disfrutarían hasta enero de 2036 en su totalidad. Decir que lo de la propiedad privada de nuestro Himno Nacional, era algo que pasó inadvertido para los españoles e incluso para el gobierno, pero en 1993, el periodista de los informativos de Tele 5 Miguel Ángel Aguilar, conoció el asunto, publicando entonces que la partitura del Himno Nacional estaba en manos privadas y generando esplendidos beneficios a sus propietarios cada vez que sonaba.

Pero no fue hasta la llegada de Aznar al gobierno, cuando el Ministerio de Cultura culminó las negociaciones con los sucesores de Pérez Casas para hacerse con la propiedad de sus derechos. Unas negociaciones que finalizaron el 3 de octubre de 1997, fecha en que el Consejo de Ministros aprobó la compra de su explotación por parte del Estado y por un importe de 130 millones de pesetas. Importe que fue integro para los hijos de José Andrés Gómez, ya que este había fallecido aquel mismo año. Como también había fallecido dos años antes, María Benito Silva, lo que hizo que todo el importe quedase en la familia de José, tal como había expresado nuestro paisano en su testamento. Siendo el motivo quizá, que María estaba soltera y sin hijos, un estado que puede que se debiese a que toda su juventud la dedicó a sus “señoritos” como ella decía. Pues desde 1918 que llegó a Madrid procedente de un pequeño pueblo de Toledo, donde dejo a sus padres y seis hermanos con las faenas agrícolas, ocupo todo su tiempo a la atención de la casa donde sirvió y librando solo la tarde de los domingos, cosa que era lo acostumbrado en aquellos tiempos.

Como también que una vez fallecidos sus “amos”, estas sirvientas tuvieran que marcharse de la que hasta ahora había sido su casa igual que cuando llegaron, con una mano delante y otra detrás. Pero María fue una doncella aventajada, pues tras los cuarenta años que estuvo sirviendo al matrimonio, si que tuvo que marcharse a vivir con una sobrina que regentaba un bar en Madrid, pero por la generosidad de nuestro paisano, con un buen pan debajo del brazo. Unos derechos de autor que la Sociedad General de Autores de España (SGAE) le fue ingresando en su cuenta hasta el día de su fallecimiento. Lo mismo que le sigue ingresando al Estado como propietario actual del himno e incluso a los descendientes del otro heredero, ya que en las negociaciones de su venta en 1997, se reservaron el cobro del 5% del importe recaudado por la SGAE, un importe que gira en torno a los 20.000 euros anuales.

Así que, aunque el himno es ya del Estado en un 95%, legalmente hasta el 2036 seguirá recaudando derechos de autor, solo que en vez de ir la mayor parte los de los beneficios que genera a manos privadas, van al Ministerio de Cultura. Como también hay una parte que en forma de comisión, se queda la SGAE por sus servicios en la gestión de la recaudación. Pero no solo la versión de Pérez Casas recauda por los derechos de autor, sino que también hay otros arreglistas que habiendo trabajado la versión original de la Marcha Granadera, han registrado estos arreglos y cobran igualmente por sus derechos de autor, sonando estas versiones más en el extranjero que en nuestro propio país.

Y hasta aquí estos breves apuntes de la Marcha Granadera, la marcha que fue adaptada como himno nacional por Bartolomé Pérez Casas. Un gran músico lorquino que desde el 14 de mayo de 1917 es Hijo Ilustre de Lorca y del que nos ocuparemos más extensamente en una próxima publicación.